Daniel García reclama a PAMI central que distribuya en Avellaneda la dotación de vacunas necesarias para los afiliados

El Defensor del Pueblo de Avellaneda reclama a PAMI central que distribuya en el Distrito de Avellaneda la dotación de vacunas necesarias para los afiliados de Avellaneda. “En estos momentos es imperioso que PAMI nacional distribuya las vacunas antigripales al distrito”, expresó Daniel García a través de un comunicado.

Ante la escasa dotación de vacunas antigripales que PAMI CENTRAL ha bajado al distrito de Avellaneda, los afiliados de PAMI concurren a los centros de vacunación municipal, saturando no solamente el servicio, sino que agotando las vacunas destinadas para aquella población sin cobertura médica.

Ante decenas de reclamos de afiliados a PAMI que manifiestan que las farmacias no disponen de las vacunas para los afiliados de PAMI, es que se hace urgente la provisión y supervisión de las farmacias que atienden a dicha obra social, a los efectos de garantizar la prestación de PAMI  a sus afiliados, sector más vulnerado en estos momentos.

Los Defensores del Pueblo se oponen a más aumentos en las facturas de gas

Mediante un comunicado, también suscripto por la Defensora de Avellaneda, María Laura Garibaldi, los miembros de ADPRA rechazaron probables incrementos extra por mayores costos en la distribución.

ADPRA solicitó que el procedimiento que se apruebe tendiente a regular la compra de gas por parte de distribuidores a productores, en ningún caso genere cargos y/o costos extras en las tarifas, siendo insoslayable la convocatoria de audiencia pública para brindar a los usuarios información adecuada y veraz.

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) le manifestó su preocupación al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) por los incrementos en las tarifas del servicio público de gas que realizarían las empresas distribuidoras el marco del procedimiento de licitación para la compra de gas. En ese marco, participarán de una reunión conjunta con los representantes del Ente el próximo 12 de febrero.

El documento emitido recientemente por Adigas, la Asociación de distribuidoras de gas, manifiesta que de aprobarse el cambio en los plazos de pago a productores de 75 a 30 días se produciría un desfasaje financiero que los obligaría a recurrir a financiamiento externo con un elevado costo ocasionando por las altas tasas de interés vigente, gastos que serían trasladados a las tarifas de los usuarios.

Los Defensores del Pueblo de todo el país coinciden en rechazar la posibilidad de trasladar los costos surgidos de cambios en las relaciones contractuales de distribuidores con productores, ya que que nunca pueden ser los usuarios quienes carguen con las diferencias económicas derivadas de cambios en los términos de contratación.

Además, sostienen que debe tenerse en cuenta el principio esencial y específico de la participación ciudadana mediante audiencia pública, además de los principios rectores en materia tarifaria de certeza, previsibilidad, gradualidad, razonabilidad y no confiscatoriedad exigidos por la Suprema Corte en el fallo CEPIS.

Esta misma posición fue sostenida por ADPRA en el período abril/septiembre de 2018, cuando las empresas quisieron trasladarles de forma retroactiva a los usuarios los costos adicionales producidos por la devaluación de la moneda.

La Justicia suspendió el aumento del peaje tras el pedido de la Defensoría

La medida abarca a los incrementos en la Autopista Buenos Aires – La Plata y en el Corredor Vial Integrado del Atlántico. Exige que los valores se retrotraigan a las tarifas previas a la suba.

La suspensión del aumento del peaje y que se retrotraigan las tarifas a los valores previos al incremento, fue lo que le exigió la Justicia a la Provincia luego del pedido de la Defensoría del Pueblo bonaerense tras las subas en la Autopista Buenos Aires – La Plata y en el Corredor Vial Integrado del Atlántico.

La medida del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 25 de La Plata, a cargo de Carlos José Catoggio, hizo lugar al requerimiento presentado por el organismo conducido por Guido Lorenzino, y le exigió al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia como a Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) el freno del aumento y que vuelva a los precios anteriores a la publicación de las resoluciones 78/17 y 79/17 modificada por resolución 82/17 hasta que haya una sentencia definitiva.

El fallo dio respuesta al pedido de la Defensoría, que se había centrado en la falta de audiencia pública para decidir el aumento, la ausencia de argumentos para disponer la suba y el impacto directo que este nuevo cuadro tarifario supone para los usuarios de esa rutas.

Puntualmente, la Justicia reconoció que ante la decisión de aumentar las tarifas es necesario informar adecuadamente y otorgarles efectiva participación tanto a las asociaciones de usuarios como a los consumidores afectados, y sostiene que la audiencia pública es la mejor herramienta para este propósito.

Además, hizo lugar al requerimiento al considerar que el incremento choca contra otros inconvenientes que sufren a diario quienes recorren estos trazados, como el colapso en las rutas en fechas determinadas –como por ejemplo el pasado fin de semana largo de carnaval- o la postergación que se mantiene hasta el día de la fecha de la rehabilitación de la línea del tren Roca que llega a La Plata y que repercute directamente en la Autopista La Plata - Buenos Aires.

“Es un paso adelante en el reconocimiento de los derechos de los consumidores”, expresó Lorenzino, quien agregó que “el fallo reconoce los múltiples inconvenientes que sufren a diario los usuarios de las principales rutas de la Provincia, y la necesidad de que se avance en una decisión que abarque las posturas de todos los involucrados”.