"La inflación que viven los sectores más pobres y humildes significa más hambre y pobreza, porque miles de familias no pueden acceder a comer todos los días. Se vive una grave situación social y laboral que debe ser afrontada con políticas públicas para el sector más afectado", señalan las organizaciones sociales y políticas convocantes en un comunicado.
La CTEP, la CCC, Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán y el FOL, junto a otras organizaciones sociales y sindicales, reclamarán una respuesta del Estado para paliar la situación crítica que se vive en los barrios populares en un año que no promete mejoras y en el que los montos de los programas de empleo quedan absolutamente desfasados en relación a los aumentos de precios en alimentos, servicios y transporte.
También se pide la implementación de una medida de carácter excepcional para los beneficiarios de prestaciones sociales del sistema de seguridad social nacional y para los beneficiarios de los distintos programas de trabajo que se encuentren domiciliados en las zonas de catástrofe afectadas por las inundaciones.
La combinación de diversos factores hacen que las familias afectadas vivan una situación de extrema vulnerabilidad, sumando a los problemas que ya tienen habitualmente las calamidades que implica una inundación de esta magnitud, como perder todo lo que tienen bajo el agua, no tener donde vivir, sin ropa ni alimentos para los más chicos, con riesgos para la salud y la integridad física de todos los afectados. Asimismo, se suma la imposibilidad de desarrollar las tareas cotidianas que permiten ganar el sustento diario.
También se exigirá al Estado que interceda en la complicación de las familias de la economía popular para mantener la escolarización de sus hijos e hijas. "Para ello, se pedirán kits escolares y elementos de estudio para que no avance la deserción en las escuelas y garantizar mayor acceso a la educación para niños, niñas y adolescentes de los barrios populares", señala el comunicado de prensa.
Este año se insistirá con la aprobación urgente de las leyes para el sector presentadas en el Congreso Nacional que aún no tienen tratamiento parlamentario: Emergencia Alimentaria, Agricultura Familiar, Infraestructura Social, Emergencia en Adicciones. Y el presupuesto para la ley de Urbanización de Barrios Populares, que fue aprobada en 2018 pero que no se está implementando en tiempo y forma.